Las recientes declaraciones de Gustavo Petro y su ministro de defensa sobre la suspensión de bombardeos han generado todo un revuelo en los grandes medios de comunicación que, de entrada, resulta sospechoso. En la televisión, noticieros como Caracol informan sobre un “debate” alrededor de dichas declaraciones. Juan Andrés Beltrán, en su intento de aportar a este debate, señala que entre 2018 y 2021 se han realizado 21 bombardeos en medio de operaciones militares en los cuales han muerto 16 menores de edad y agrega que, como estos estaban uniformados y armados, entonces eran objetivos militares legítimos desde el punto de vista del DIH (Derecho Internacional Humanitario).
Refresquemos la memoria de Beltrán sobre lo que indica el marco normativo en términos de la protección de los derechos del niño . El artículo 9 del código de infancia y adolescencia reconoce la prevalencia del derecho de los niños en caso de que exista conflicto con los derechos fundamentales de cualquier persona. El artículo 10 señala además la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en la protección de los derechos de los menores de edad [Agregar imagen: código de infancia y adolescencia]. El artículo 44 de la Constitución declara explícitamente la protección de los niños de toda forma de violencia física o moral.
Finalmente, el artículo 77 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra afirma que, incluso si los menores son parte de las hostilidades en medio del conflicto, esto no significa que dejen de ser sujetos de un respeto especial a sus derechos. Según esto, por lo tanto, tiene prevalencia, en términos de la protección de sus derechos, el hecho de que las víctimas hayan sido niños, no que hayan estado uniformados y armados. Si la norma es tan clara, ¿por qué calificamos esto como “debate”? Al mismo tiempo los periodistas de Caracol indican que sólo en lo que va de 2022 se han rescatado 119 menores de edad reclutados por los grupos armados ilegales. Este intento de sopesar las cifras de muertos con las cifras de rescatados conduce, no obstante, a desviar la mirada respecto del cumplimiento del marco normativo del DIH, como si tal cuestión pudiese ser vista únicamente con estadísticas, desatendiendo a la organización misma de las fuerzas militares en su totalidad.
En medio de este “debate”, los grandes medios han demostrado su acostumbrado interés en informar a los ciudadanos al citar a “expertos” que digan cuáles son los pros y los contras de bombardear niños. Resulta notorio que los periodistas de Caracol digan que algunos expertos señalan la medida del gobierno como un “arma de doble filo” que puede tener efectos contraproducentes. Sin embargo, el “experto” solamente dice que el gobierno debe establecer una estrategia clara que permita prevenir y solucionar el reclutamiento de menores. En ningún momento se refiere a las medidas como “armas de doble filo”. Tales palabras son atribuidas arbitrariamente por parte de las periodistas.
Este argumento del “arma de doble filo” parece generalizarse en los medios de comunicación. Semana TV ha hecho una entrevista a Francisco Santos, quien muy elocuentemente ha explicado los contras de cumplir con el DIH y solo ha enfatizado las consecuencias de estimular a las bandas criminales a reclutar más niños que generarían círculos de defensa.
Bombardear o reclutar, he ahí la cuestión. Quizá los organismos de inteligencia del Estado no son entonces lo suficientemente inteligentes si no son capaces de ver una tercera opción. En otra ocasión, Camilo Galvis se expresa de una forma muy particular en Semana TV, pues describe los bombardeos como acciones que se realizan una vez se han identificado “objetivos de alto valor”, lo cual implicaría ya una especie de justificación a tales actos. De nuevo, tal debate está por fuera del marco del DIH, ¿Cómo se han conformado los medios masivos de comunicación como para que resulte tan natural ubicarse por fuera del reconocimiento universal y racional del DIH?
Otro argumento sobre los pros y los contra de bombardear niños, expuesto esta vez por los expertos invitados por RCN, es que la medida del actual gobierno implica aparentemente sugerir que el ejército ha actuado hasta ahora de forma ilegal y, con ello, se implicaría un socavamiento de la legitimidad de la fuerza estatal [www.noticiasrcn.com/colombia/reacciones-por-suspension-de-bombardeos-en-colombia-427491]. Habría que preguntarse si poner límites al uso de la violencia estatal según un marco normativo de derecho humanos implica de entrada al deslegitimación de la fuerza pública o si el reconocimiento de dicha legitimidad depende del temor que genera los bombardeos a menores de edad.
Solo para contrastar noticias, podemos ver cómo France 24 en español hace énfasis en que las medidas buscan la restitución de derechos de menores de edad. Precisamente por haber sido reclutados, el Estado no debe actuar con los bombardeos que los revictimicen hasta la muerte, sino que reconozca su calidad especial de menores de edad . No falta quien afirme que este noticiero es comunista por sugerir lo obvio de una época en la que se supone ha de reconocerse el carácter universal y racional del DIH.
En cuanto al modo como la radio se aproximó a la cuestión, bastaría sólo con centrarse en lo debatido al interior de la “mesa de discusión” de Blu Radio. Valen las comillas, pues siempre será cuestión relevante el hecho de que los espacios de opinión mezclen su naturaleza (voluntariamente) con los espacios de información. Los medios radiales y escritos permiten que se diluyan las líneas que separan a los contenidos editoriales y de opinión y a la transmisión informativa. Formatos como los de “Mañanas blu” funcionan como el arquetipo ideal de esta estratagema mediática. En un mismo bloque aparecen franjas comerciales e informativas que se articulan y se intercalan con momentos editoriales y de opinión.
Así es, pues, como aparece “puesta en escena” la disputa sobre el bombardeo de niños. La noticia, que aparece ya anunciada al comienzo del programa, arranca formalmente con una entrevista a una de las promesas de la derecha colombiana: Miguel Uribe Turbay. Dejemos de lado lo Uribe y lo Turbay, y dejemos de lado también lo que toca directamente con los confusos argumentos de lo mejor del conservadurismo.
Desde el punto de vista de análisis de medios resulta relevante observar que, a pesar de constituir un cúmulo de sinsentidos, inhumanidades y confusos argumentos ilegales, ni en el momento de emisión de cada respectiva barbaridad, ni al concluir la entrevista, el invitado recibió objeciones, interpelaciones, contrapreguntas, que cuestionaran el hecho de estar poniendo sobre “la mesa” de la esfera pública el “punto democrático” del bombardeo de menores de edad. (https://www.bluradio.com/mananas-blu/26-de-agosto-de-2022-mananas-blu-con-nestor-morales-programa-completo-pr30).
Esto contrasta con el modo como usualmente Blu Radio procede frente a entrevistados que no son de su afección política. Tras la entrevista, Néstor Morales, ahora en una actitud inusual de equilibrado y ponderado moderador, se plantea que se trata de “un viraje de 180 grados” junto a lo cual, renglón seguido, se expresa la voz diversa de Felipe Zuleta Lleras (y tampoco ahondemos en el Lleras) con un sensible: “me preocupa que esto incentive el reclutamiento de niños”. (3:05:28).
El único participante del debate que expuso un punto de vista racional (y esto sólo por ser legal) fue Héctor Riveros. Una opinión coyuntural que, como suele ser el caso de los liberales purasangre, comparte espacio con las opiniones más contradictorias entre sí (como haber defendido en tiempos complejos la existencia y legitimidad de las convivir) https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-187784.
El ataque de jauría vivido por Riveros fue amenizado por la defensa de los “objetivos de alto valor” con la que Morales justificó los así llamados “errores militares” en el caso del bombardeo de menores. Seguir cometiendo estos errores, para Daniel Mejía, es defender el “uso legítimo de la violencia” (3:27:00). Todo esto son expresiones de lo que el mismo Álvaro Forero con cierto mal humor denominó “oposición tipo Marbelle” (3:37:00). https://www.bluradio.com/mananas-blu/26-de-agosto-de-2022-mananas-blu-con-nestor-morales-programa-completo-pr30.
Más allá del despropósito humanitario que significa que toda una facción política (y no política) del país esté “preocupada” porque no se van a bombardear más niños, el análisis estructural del comportamiento de los medios de comunicación también revela algo sumamente preocupante, algo que no es igual de problemático que confundir esta discusión con un “atado de manos”, como se nombra el asunto en la siempre cuestionable La W.
El dilema para nosotros es el siguiente: Si entendemos el entramado mediático como una institución que habría de velar por el interés general y que, como criterio mínimo de institucionalidad, debería estar inclinada a la defensa de límites normativos y legales, lo que causa perplejidad es el hecho de que los medios “permitan” una discusión que podría calificarse como abiertamente ilegal (e inmoral). En este caso se revela cómo la “neutralidad mediática” participa de uno de los lados de la discusión con el ofrecimiento de una plataforma aparentemente ecuánime para una discusión que, en primer lugar, no debería tenerse.
Esto hay que explicarlo: en este caso, el pulso del cual participa el medio de comunicación que “desinteresadamente” permite la discusión pública sobre la posibilidad de “bombardear menores de edad” se lleva a cabo a partir del mecanismo de la institucionalidad neutral. En este caso la fachada de legitimación funciona como capital suficiente para ocuparse de una causa abiertamente ilegítima y completamente ilegal. No habría que sonrojarse al decir que el comportamiento deseable del medio sería el de evitar (censurar, incluso) aquello ostensiblemente inhumano y sencillamente en contra de la ley pública y constitucionalmente reconocida. Así, al poder retórico del pulso político lo soportan los poderes mediáticos con una plataforma amplia y reconocida para su expresión.
Por otro lado, como si fuera un evento nostálgico, la prensa escrita (https://www.elcolombiano.com/colombia/colombia-suspende-bombardeos-contras-campamentos-de-grupos-ilegales-GM18502523) recuerda que “el último bombardeo de las fuerzas militares en el país ocurrió en julio pasado en San Vicente del Caguán, en Caquetá, en contra de un campamento del jefe de las disidencias (...) en el que fallecieron nueve presuntos disidentes”. Tal recordatorio frente a la decisión de suspender los bombardeos en zonas donde se hallan niños reclutados, aunque pretenda lo contrario, parece consentir la “seguridad eficaz” que en otros tiempos se produjo por “las bajas en combate”.
El Colombiano, recuerda que “es justo y necesario que se realicen bombardeos” sin miramiento alguno sobre los efectos que puedan acarrear para la población civil. En esta misma línea, la Revista Semana se muestra abiertamente favorable a los bombardeos debido a que la población civil asesinada impunemente sólo constituiría “un daño colateral que está implícito en ofensivas de esa dimensión”. En su argumentación se decanta, además, el hecho de que “buena parte de las estructuras ilegales están compuestas por menores de edad que son imposibles de identificar” (https://www.semana.com/politica/articulo/no-van-a-morir-mas-ninos-bombardeados-en-colombia-presidente-petro/202214/).
¿Acaso la no identidad de los jóvenes que se encuentran cerca o dentro de los campamentos de las insurgencias armadas justifica los asesinatos? Semana también insinúa que la decisión del actual gobierno supondría una “rendición del Estado y de las fuerzas militares”, un golpe contra el uso legítimo de la violencia y el sostenimiento del orden.
Otros medios de comunicación “más objetivos”, de esos que también acuden al comodín de los expertos (“neutrales” e “independientes”) para realizar una nota, en este caso una nota sobre las declaraciones del gobierno, no lograron ocultar el tono amenazante de su línea editorial: “suspender los bombardeos puede traer un peligroso daño en defensa”.https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/bombardeos-seran-suspendidos-donde-haya-menores-de-edad-697478.
Y en el caso de los medios más objetivos entre los “más objetivos”, La silla vacía, por ejemplo, no sólo mostró su desdén frente a la noticia destinando escasas líneas a una nota mediocre (https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/envivo/los-bombardeos-deben-ser-suspendidos-mindefensa), sino que se limitó a insinuar “lo dañino” del cese a los bombardeos silenciando (no de manera ingenua o sin mala fe) las nuevas condiciones a las que se ceñirá la ejecución de bombardeos, como la “alta evaluación de inteligencia” señalada por el ministro de defensa, Iván Velásquez.
Esta toma de posición condescendiente, cuando no cómplice, frente a los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de los enfrentamientos contra las insurgencias armadas de Colombia no es nueva. Los medios de comunicación han participado desde hace décadas en la reproducción, legitimación y defensa de la guerra en Colombia; guerra que, por lo demás, ha favorecido históricamente a los grandes capitales de terratenientes, banqueros, empresarios, etc., y a sus alianzas con el Estado.
Basta mencionar, como ejemplo, el cubrimiento del bombardeo realizado el 9 diciembre de 1990 por parte de las Fuerzas Militares a la Casa Verde, el campamento central de las FARC, quienes se encontraban en medio de un proceso de paz incipiente que terminaría en fracaso. El Colombiano, por ejemplo, celebraba el evento como una de las “ofensivas militares más importantes” y a su vez resaltaba, como si de objetos fungibles se tratara, los “entre 30 y 40 guerrilleros” dados de baja en combate (https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/bombardeada-casaverde/20154#more-20154).
La gran hazaña del ejército, que nunca antes había llevado a cabo una ofensiva semejante tuvo una “recepción jubilosa” en diarios como El Espectador, El Mundo y El Tiempo. No obstante, este júbilo y orgullo nacional exaltado en la esfera pública callaba las consecuencias de que tal acción ofensiva coincidiera con la fecha de realización de la jornada de votación que le daría lugar a la Asamblea Constituyente de la cual se derivaría la constitución del 91. Además, la esfera pública también calló respecto de las acusaciones hechas a los militares por “tener campos de concentración” en los que ultrajaba a la población civil acusada de alguna relación con la guerrilla. https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/farc/guerrilla-y-poblacion-civil-jun-2016.pdf.
Ahora bien, lo particular de todo este asunto es que mientras hoy el gobierno hace énfasis en cumplir con las directivas normativas del DIH, los medios de comunicación se sustraen a la obligación normativa de estas disposiciones legales de carácter internacional. Esto conduce a dos cuestionamientos: 1) ¿Qué tipo de periodismo se produce y consume en un país que no comprende ni siquiera los criterios normativos mínimos que se estipulan en el DIH? y 2) ¿Qué problemas formativos ha padecido el país como para que no sea algo obvio el hecho de que simplemente se tiene que cumplir, en el marco del conflicto, con lo que ordena el DIH?
A pesar de las evidencias recientes y pasadas, la responsabilidad de los medios de comunicación en la reproducción de la violencia y de la guerra en Colombia nunca ha sido juzgada. Frente a la formación de la sensibilidad de las mayorías, los límites entre el Estado y la empresa privada se borran, pues los medios de comunicación adoptan, al capitalizar la esfera pública, las banderas de la defensa del interés general. Así, las posiciones minoritarias de quienes se sirven de las bajas en combate (recordemos: terratenientes, banqueros, empresarios, burócratas aliados, etc.), de quienes defienden causas inmorales como el asesinato de menores por cuenta de las tácticas ofensivas del Estado, se transmiten como objetos del interés general y se consumen por una audiencia que se forma en la profusión de noticias de “interés público” producidas en el fuero privado de grandes conglomerados mediáticos como la Organización Luís Carlos Sarmiento Angulo, Organización Ardila Lulle o la Organización Radial Olímpica.
***
Comments