El pasado 28 de junio la esfera pública colombiana se movilizó en torno a la noticia sobre el incendio ocurrido en el segundo piso del pabellón 8 de la cárcel de mediana seguridad de Tuluá. Más de 50 internos murieron incinerados la madrugada del mismo día en que Colombia escucharía el Informe de la Comisión de la Verdad. Las voces silenciadas de las "vidas que ya no pudieron ser vividas" (133 ICV) y que por fin aparecían gracias al informe se borraban del discurso a medida que se le daba lugar a lo ocurrido en Tuluá.
Una observación general del modo como titularon los principales periódicos del país muestra una tendencia a la naturalización del evento y, con ello, a una exculpación de toda posible responsabilidad que quepa a las instituciones estatales a cargo de la política penitenciaria. El fenómeno de naturalización de un hecho que debió suscitar un juicio responsable de la opinión pública se llevó a cabo apelando al uso sistemático y persistente de la expresión “tragedia” o derivados. La calificación de “trágico incendio” (El País de Cali), de “Tragedia” (El Tiempo y El Espectador), o en su defecto la directa inculpación a los presos, apunta a encerrar el hecho dentro del marco mental de “lo inevitable”, “el destino”.
Lo que sucede en la radio es casi hilarante. Un lapsus del periodista Juan Pablo Calvás en Sigue la W es sugestivo: luego de presentar al Informe de la Comisión de la Verdad como un "documento histórico muy (...) importante a la hora de mirar hacia atrás lo que ha ocurrido en Colombia (...) en torno al conflicto armado" (0:47:33 -0:47:35) pasa al siguiente tema de la plancha de la programación: "la emergencia…, cuál emergencia [corrige el periodista autocensurado], tragedia en Tuluá"
El inocente cambio de términos: "emergencia" por "tragedia", moralmente correcto a simple vista, recondujo a Calvás hacia la línea editorial de la gran mayoría de medios: "drama", "tragedia", pero no lo salvó de la frivolidad generalizada que primó en la publicitación de lo ocurrido en Tuluá.
Así, la atribución directa de la culpa a los presos también termina por desviar completamente el foco de atención de las responsabilidades institucionales concretas. Esta inculpación de los presos, y su correlativa exculpación institucional, procede a partir de un énfasis permanente en que los presos “no midieron consecuencias” (El País, Cali), o que “tras una riña” (El Colombiano) se produjo un “incendio que se salió de control” (El tiempo). Algunos medios, en caliente, se atrevieron a calificar directamente el hecho como “intento de fuga” (BluRadio) sin que medie en ello un proceso legal que así lo certifique y teniendo en algunos casos como única fuente de contraste al señor Tito Castellanos, director del INPEC. En el peor de los casos, tales medios aprovecharon para hacer una elipsis política respecto de los condenados de la Primera Línea.
De un modo llamativo, el País (Colombia, América) ha descrito el hecho como una “masacre entre rejas”. No obstante, la descripción del suceso se hace en una vía muy semejante al de sus colegas mediáticos. ¿Puede una masacre ser accidental? ¿Puede un incendio masacrar?
Como si fuera poco, no sólo se trata de una naturalización abierta y grotesca, sino también de una profundización de las imágenes del horror que se practica en Colombia desde hace algún tiempo en casi todos los medios de supuesto prestigio. Medios como El País de Cali, la FM, RCN Noticias y Semana no tuvieron ningún pudor en anunciar las “fotos del lugar de los hechos”.
Con la eufemística narración de los hechos ocurridos en Tuluá el pasado 28 de junio, las respuestas a preguntas como "quiénes murieron" y "por qué" reafirmaron el estribillo fascista del capitalismo: la inferioridad de quien carece de un valor de cambio en el mercado, la "insignificancia del desempleado", la "improductividad del presidiario".
Los presos de la cárcel de Tuluá estaban sometidos a condiciones degradantes que se vienen denunciando en el sistema carcelario colombiano desde tiempo atrás. Un recordatorio lo ofrecen las protestas por las condiciones de hacinamiento y precariedad de los reclusos de la cárcel La Modelo de Bogotá. Estas se llevaron a cabo en el punto álgido de la pandemia de Covid-19, la noche del 21 de marzo de 2020 https://www.elespectador.com/judicial/un-interno-cuenta-como-fue-el-motin-de-la-modelo/.
A tales reclamaciones se les respondió con el uso excesivo de la fuerza, torturas, abusos y una masacre que dejó como resultado 24 hombres asesinados a sangre fría por el Estado. Pocos fueron los medios de comunicación que atendieron a las condiciones de hacinamiento y precariedad de la cárcel de Tuluá y más los que, favoreciendo la primicia de la "riña" y el "motín", extendieron un argumento incriminatorio para la muerte de los hombres del pabellón 8, quienes, en tanto condenados y sindicados, no sólo no disponían de los recursos suficientes para pagar su pena, sino que no podían abandonar la prisión por carecer del dinero para pagar su permanencia y mantenimiento https://www.desdeabajo.info/colombia/item/45625-carcel-de-tulua-decenas-de-presos-muertos.html.
Una corresponsal de Blu Radio entrevistó a dos presos el mismo día de los sucesos Al preguntarles por varios asuntos, éstos insistieron en las agresiones de los guardias: "Si uno habla por sus derechos lo maltratan", y denuncian que el día del incendio sólo había un funcionario en las instalaciones de la cárcel. Ante esto la periodista sólo atinó a preguntar [sugiriendo la culpabilidad de los sucesos]: (https://www.youtube.com/watch?v=lcmhRNOJbpc) "¿Por qué terminan algunos de sus compañeros en los lugares donde estaban las baterías sanitarias y en los pasillos?" Y luego de pasar de largo frente a la denuncia de que los cuerpos de los hombres incinerados se apilaron cerca de los pasillos y de los baños, agrega que hay exámenes en los que los cuerpos aparecen con marcas, y de nuevo pregunta a los presos si hubo una "riña" antes de los sucesos. Como siempre, los periodistas "del lado de la gente" contando las historias desde el sesgo ideológico ajeno al interés de las mayorías.
Entre todo el esperpento mediático y el mutismo en la esfera pública, sólo Mónica Rivera Rueda en edición de seguimiento el 2 de Julio se atrevió a aventurar un diagnóstico complejo de la situación carcelaria. En este se deja claro que desde hace mucho tiempo el sistema carcelario colombiano es abiertamente inconstitucional.
Los hechos ocurridos en la cárcel de Tuluá no sólo resultan desconcertantes por los problemas tanto en la infraestructura del establecimiento penitenciario, como por los problemas estructurales en relación con la política carcelaria del país.
Igualmente, impresiona el tratamiento de los medios de comunicación en relación con estos hechos. Al ser un problema estructural tan evidente, hasta el punto en que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en dos ocasiones respecto al estado de cosas inconstitucional de las cárceles en el país (T-153 de 1998 y T-388 de 2013), produce perplejidad el tratamiento de los medios de comunicación a estos hechos.
Ese mismo 28 de junio en que ocurrieron los hechos subió el dólar a 4.100 pesos, evento que claramente representaba un mayor problema en la balanza de los cálculos de los medios.
Este cálculo tiene en cuenta toda una serie de factores que entran en el juego de la legitimidad política. Señalar un problema tan profundo como la organización del sistema penitenciario en Colombia no parece ser lo suficientemente legitimador para el Estado, de ahí que la carga moral de esta “tragedia” recayera sobre los presos que empezaron la riña antes que sobre la forma en que se ha venido administrando el sistema penal. Por tal razón, en lugar de esclarecer los hechos con investigaciones, como afirmaba el presidente Iván Duque, dichas investigaciones sólo hayan sido atravesadas por preguntas como quién comenzó la riña y a quién hay que culpar de todo esto. Por ello también que, frente a los reclamos de los familiares de las víctimas, quienes se manifestaron frente a la cárcel en Tuluá por las precarias condiciones que condujeron al incendio, el Estado sólo respondiera con la violencia del ESMAD.
Frente a la incapacidad de realizar los principios básicos de la dignidad humana y de los derechos humanos, la única forma de reclamar legitimidad es mediante la violencia.
Esto remite de nuevo a la pregunta de quién es el que muere. Un año atrás, en el 2021, La W Radio hacía una nota sobre la "noticia tristísima" de la muerte de Carlos Ardila Lule. Luego de los encomios de Sánchez Cristo, Alberto Casas Santamaría insistía en que era "una noticia muy triste, especialmente (...) porque fuimos sus empleados y fuimos testigos del desvelo con el cual le daba a los problemas del país una prelación indiscutible". https://youtu.be/yxkmuLAwDCg (0:00 2:03).
El colofón trágico-cómico de toda esta historia no contada y ya ignorada por todos corre por cuenta del comprometidísimo medio de comunicación político La Silla Vacía. Por muy poco esta noticia se queda sin espacio en aquella tribuna informativa, pues sólo atinó a reproducir malamente la nota de El Tiempo y hacer una cita fallida de Iván Duque en la que éste “lamentó el hecho y impidió (sic)” cualquier investigación de lo ocurrido.
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