Hace una semanas el país conoció “escándalo de corrupción” del robo de los dineros aprobados por el OCAD-PAZ para los proyectos que buscarían el desarrollo de los municipios PDET: los más afectados tras el Conflicto Armado según el Acuerdo de Paz. Los fenómenos de corrupción se han vuelto comunes en la esfera pública colombiana y generan actitudes bien particulares, al mismo tiempo que contradictorias: por un lado, los periodistas se legitiman cuando sus investigaciones revelan grandes escándalos de corrupción; por otro lado, son tan recurrentes que la esfera pública colombiana se ha insensibilizado por estos problemas.
Esto último genera que las denuncias tengan cierto aire de impotencia, al mismo tiempo que las hace necesarias en la estructura misma de la publicidad de la información. Esa insensibilización respecto a la corrupción lleva a que cualquier denuncia, indiscriminadamente, adquiera la forma de medio de legitimidad del periodismo, pero deje de lado precisamente las intenciones ideológicas detrás de esas denuncias. Tales intenciones resultan relevantes en la medida en que moldean tanto la forma que asume la noticia o investigación, como los criterios valorativos sobre los cuales se analiza un fenómeno.
El lenguaje “neutral” con el que se presentó la noticia por parte de Valeria Santos y Sebastián Nohra, ambos periodistas de Blu Radio, sólo produce sospechas: ¿por qué una cadena radial pro-establecimiento revelaría un escándalo en contra del gobierno al que se adscribe?, ¿por qué un periodista abiertamente identificado con las políticas fiscales del gobierno actual como Sebastián Nohra se muestra tan comprometido con la denuncia del robo de los dineros de los programas para la paz?
Una posible respuesta a estas preguntas la ofrece el lenguaje con que se presenta la noticia; con él se se lava el interés político-económico que explicaría el robo de los dineros para la implementación de los Acuerdos de Paz, se elude el compromiso de presentar desde una perspectiva crítica un fenómeno como ”la corrupción”, situando a los actores implicados de acuerdo a sus intereses privados (obtenidos con fondos públicos) y a sus mecanismos estructurales operación.
En la forma de presentación de los actores del saqueo se menciona a varios funcionarios e instancias estatales como la Dirección Nacional de Planeación, la Contraloría General, el Congreso, las Alcaldías y las Gobernaciones (https://www.bluradio.com/nacion/los-recursos-de-la-paz-asi-se-direccionaron-los-proyectos-del-ocad-paz-pr30).
Sólo se menciona a un partido político: el Partido Conservador; y se trata con suma precaución a funcionarios del gobierno como el Alto Consejero Presidencial para la Paz Emilio Archila Peñalosa (primo de Enrique Peñalosa). Los hechos, en su presentación formal, quedan reducidos a una perspectiva ideológica neoliberal (liberal/libertario) que pretende satanizar todos los mecanismos e instituciones del Estado en su función de distribuir y administrar los bienes públicos para el beneficio general.
La perspectiva neoliberal defendida públicamente por el periodista Sebastián Nohra se puede rastrear en algunas de sus declaraciones en torno al Paro Nacional del 2021.
(https://www.youtube.com/watch?v=rsw4aBm2vb0). Su defensa de Carrasquilla (el “valiente” que propuso las “reformas estructurales que necesitaba el país”) se alinea con su defensa de “cambiar el sistema tributario para dejar de exprimir a las empresas y cobrarle a las personas”, es decir, con su defensa del libre mercado.
Su consideración de los medios de comunicación como negocio lo llevaba a declarar que
“los grandes medios son insustituibles porque hay una cadena productiva que nadie la puede sustituir porque no hay la plata tienen una superestructura que necesita mucha plata”.
No es raro que el periodismo investigativo (no olvidemos el estribillo: “neutral”) de liberales/libertarios como Nohra se produzca en uno de los medios de comunicación del Grupo Empresarial Santo Domingo, y que su orientación ideológica encuentre puntos en común con el actual gobierno, de corte neoliberal, de Iván Duque. Nada raro resulta que las palabras mágicas de la neutralidad (“corrupción”, “mermelada”, “tajada”, “bandidos”, etc.) silencien preguntas fundamentales: ¿todo el espectro estatal, todo el marco de derecho, debe suprimirse por cuenta del servicio que le presta al interés de quienes tienen poder económico y político?,¿la función del Estado y del Derecho puede favorecer las necesidades e intereses de las mayorías políticamente excluidas y materialmente desposeídas en camino a una emancipación radical?
De Sebastián Nohra no se puede decir mucho, o quizá sí. Graduado no hace tanto tiempo de su pregrado en (¡cómo no!) la Universidad de los Andes, ha tenido un ascenso meteórico que, según cualquier noción de meritocracia, debería por lo menos levantar alguna sospecha.
Pero hay que guardar la sorpresa para otras ocasiones. Frente a todo un "gimnasiano moderno" no vale la pena la perplejidad. Este "economistaperiodista" o "periodistaeconomista" (en realidad, politólogo, pero cuando vienes de los Andes puedes ser lo que quieras) ha venido desde las cumbres de la alta sociedad a aleccionar las "funciones inferiores" del Estado redistributivo.
Se confirma una condición curiosa del misterio de la vida: algunos neonatos vienen al mundo no con un pan, sino con una tribuna radial (Blu Radio) y una columna en la Revista Cambio debajo del brazo. Así, junto a otros neonatos "gimnasianos modernos”, se ha encontrado de repente en el púlpito de la esfera pública burguesa, cada uno remando para sus propios intereses desgajados del interés general, como verdaderos humanistas neoliberales.
Nohra es una curiosidad epocal a pie: periodista en defensa de la "esencia de la derecha" que crítica la politización del periodismo; economista (o politólogo, qué más da) que necesita ser periodista para que su voz de economista (o politólogo) cobre la legitimidad periodística que ya no tiene la economía (o la politología). Quiere criticar al periodismo, pero sin dar nombre… En fin…
Un sujeto pequeño pero engrandecido al que se le da lo mismo escribir en la misma línea "Hayek" y "Jaime Garzón". En fin, el tipo de cosas en las que sólo se incurre cuando no se cree en nada distinto a uno mismo. A este periodista le ha llegado la fortuna de nuestro infortunio como país: el robo de los recursos para los Acuerdos de Paz.
No es lo mismo criticar la corrupción con la intención de asegurar la redistribución social a criticarla con la intención de defender una sociedad en la que el Estado sea reducido a lo más mínimo, al estilo de las teorías neoliberales de Hayek o Friedman. Valeria Santos, por ejemplo, afirma que el entramado de la corrupción tiene su origen en la Constitución Política, pues esta autoriza a
“los políticos [para que] nombren a los jueces, procuradores y contralores”.
El problema es que existen corruptos (no explica muy bien el por qué) y la Constitución misma está diseñada para abrirles las puertas a estos corruptos. Así, un proyecto de gobierno con miras a realizar las promesas de la Constitución parece ser un simple eco del pasado.
Nohra, por su parte, ha argumentado que la fórmula de Petro de crear un Estado “elefantiásico” ha llegado para destruir el libre mercado y, por tanto, la libertad en general. A esto se le suma su defensa de una derecha “desuribizada”
Que la derecha siga dependiendo de la figura de Uribe y que no haya sido capaz de defenderse de Petro sólo podría conducir a una catástrofe que, en sus palabras, viviríamos en el gobierno del presidente electo. Se requiere una nueva derecha por fuera del uribismo, pues este ha demostrado su agotamiento en el gobierno Duque. Su crítica, que parece tan alternativa a la tradición política colombiana, realmente es producto de una defensa a la forma más desenfrenada del libre mercado, de un ataque constante a la burocracia estatal, no atendiendo a las contradicciones y compromisos históricos, sino a su mera existencia. De aquí que su defensa a Emilio Archila Peñalosa, haga parecer a Nohra como un paladín de la justicia. El problema no es para este dúo periodístico que el robo haya obstaculizado la implementación del acuerdo de paz, sino que éste, junto con la reforma de la Ley de Regalías, implicó un fortalecimiento del Estado que, por sí mismo, conduce a la corrupción.
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